La madre de un niño desaparecido en Barahona en 2022 tras ser raptado supuestamente por su expadrastro presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Ulises Guevara Feliz, fiscal general del Juzgado de Barahona, a quien acusa de agresión sexual en su contra y mentira .
La víctima afirma que el acusado secuestró a su hijo y luego la utilizó como palanca prometiéndole intimidad a cambio de su ayuda.
Fraila Méndez Marrero, la demandante, afirmó en la denuncia que Guevara Feliz la había agredido sexualmente a cambio de ayudarla con la investigación de la desaparición de su hijo. La denuncia fue presentada el 11 de septiembre.
La víctima afirmó que todo comenzó luego de que acusó a Guevara Feliz de obstruir la investigación del caso del programa Somos Pueblo. Afirmó que luego de invitarla a su oficina y ofrecerse a ayudarla, el juez "comenzó a hacerle insinuaciones sexuales".
La víctima afirmó que el abogado supuestamente la invitaba a salir a tomar bebidas alcohólicas y que en ocasiones ella consentía contactos sexuales "inducidos con el único fin de fortalecer las gestiones respecto del caso que investiga el Ministerio Público".
El 3 de agosto de 2023, Guevara Feliz supuestamente la llamó repetidamente por video y le exigió sexo virtual, según la mujer.
La denuncia afirma que el acusador Ulises Guevara Feliz "en ese momento, la denunciante y la víctima fingieron estar felices y contentas con él y se entregaron a tener intimidad sexual de manera virtual".
El fiscal del tribunal supuestamente siguió llamándola y prometiéndole ayudar a Méndez Marrero después de ese incidente, pero ella empezó a dudar de su palabra, según el documento que incluye su relato.
La víctima se estresa y es internada por motivos médicos en un centro médico de Barahona tras enterarse de que ella es solo una promesa y que el hombre la acosó groseramente, según el documento.
Frayla presentó una denuncia tras encontrar restos de pruebas de este hecho. Sus abogados, Yvan Ariel Gómez y Gilbert Matos, enfatizaron que "el Derecho Penal y el legislador disciplinario del Ministerio Público consideran un error aprovechar la vulnerabilidad emocional y psicológica de una madre que haría y daría todo, incluido su cuerpo, para que pueda aparecer su hijo".
Según los abogados de Frayla Méndez Marrero, "Ella es una víctima del sistema que fue víctima del acoso y deseo sexual de un funcionario público de un organismo que debió protegerla e incluso en el hipotético caso de que la denunciante accediera voluntariamente, era deber y obligación del imputado no permitir que tal aberración sucediera”.
Frayla afirmó que recibió mensajes amenazantes por parte del funcionario judicial luego de presentar la denuncia, por lo que ella y sus abogados solicitaron el pasado miércoles al Ministerio Público una orden de protección y alejamiento.
