Jesús Rafael Ramírez Bayas, uno de los sobrevivientes del colapso del techo en el centro de diversión Jet Set, ha iniciado una acción legal en contra de Antonio Espaillat López y Ana Grecia López. Ambos son socios y gerentes de la empresa Inversiones E Y L, S.R.L., propietaria de la discoteca. La demanda se fundamenta en la solicitud de reparación por los daños y perjuicios sufridos durante el incidente.
Este caso se suma a más de 50 acciones civiles que han sido interpuestas en un período menor a dos meses desde el suceso, el cual dejó un saldo de 236 personas que dejaron de vivir. La demanda de Ramírez Bayas alega que, aunque logró sobrevivir, presenta secuelas físicas permanentes. Estas lesiones han afectado de forma significativa su capacidad de realizar actividades físicas normales, así como su productividad en el ámbito económico.
El proceso legal avanza mientras las autoridades técnicas continúan con la investigación para determinar las causas específicas del colapso. En relación con esto, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien se desempeña como director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), ofreció declaraciones recientes durante el espacio informativo LA Semanal.
Según Reyes Madera, el equipo técnico ha estado trabajando con intensidad para completar el informe preliminar sobre el derrumbe ocurrido en la discoteca Jet Set. “Habíamos estimado un plazo de tres meses, llevamos un mes y medio trabajando arduamente y evaluando pieza por pieza que fue lo que pasó. Nosotros entendemos que con los peritos que ha nombrado la Procuraduría General de la República tenemos un encuentro en unas dos semanas y ahí saldrá el primer reporte preliminar de lo que es el estudio que se está realizando”, detalló el funcionario.
El informe mencionado, en el que se analizan diversos elementos estructurales de la edificación, será presentado de manera inicial en un encuentro programado dentro de dos semanas. Los datos obtenidos hasta el momento son objeto de revisión por parte de los peritos designados por la Procuraduría General, entidad que tendrá a su cargo la divulgación de los hallazgos contenidos en dicho informe.
Conforme avanza el proceso investigativo, se espera que los resultados preliminares arrojen claridad sobre los factores que desencadenaron el colapso. Tanto la información técnica como las acciones judiciales en curso están siendo seguidas de cerca por los afectados y sus representantes legales.