Diario al Día, Estados Unidos- Un reciente ajuste en el reglamento migratorio quedó establecido con la publicación de una nueva regla federal que amplía a un año el período requerido para que quienes buscan protección humanitaria puedan gestionar una autorización laboral.
La disposición, divulgada en el Registro Federal, fija el 24 de abril como fecha de entrada en vigor y redefine el proceso para los recién llegados que acudan al sistema de asilo.
El cambio responde a órdenes ejecutivas emitidas por la administración de Donald Trump, que argumenta la necesidad de reorganizar el sistema migratorio.
El mandatario sostuvo durante su segundo periodo que un número elevado de personas había ingresado sin admisión formal.
Aunque el gobierno no precisó cifras exactas, sí reconoció que programas como CBP One y CHNV facilitaron la llegada de más de un millón de personas con permisos temporales orientados a regularizar su situación.
Ese contexto generó un incremento notable en la carga operativa. La base de datos de USCIS registraba alrededor de 1.5 millones de solicitudes de permisos laborales vinculadas a casos afirmativos, mientras otras 2.4 millones se encontraban en tribunales de inmigración.
La extensión de los tiempos de espera, que superó los 180 días, llevó a emitir autorizaciones provisionales, lo que produjo una acumulación que motivó la creación del nuevo marco regulatorio.
Especialistas consultados advierten impactos directos. José Guerrero, representante legal en Miami, explicó que toda persona solicitante —sin importar si su caso está en corte o ante USCIS— dependerá de los mismos procedimientos administrativos, por lo que “todos se verán impactados”.
Señaló además que quienes ya están en trámite deben prepararse para esperas más prolongadas. Álex Gálvez, desde Los Ángeles, indicó que la percepción de solicitudes indebidas no está sustentada en datos verificables, aunque aun así la regla influirá en casos con fundamentos sólidos.
La modificación introduce elementos clave: 365 días de espera antes de pedir un permiso de trabajo; revisión más estricta de formularios; posibles rechazos sin conservar la fecha de presentación; obligatoriedad de datos biométricos; y un plazo evaluativo que podría alcanzar los 180 días.
También establece que quien ingrese sin completar el proceso de inspección después de la entrada en vigor quedará fuera de la elegibilidad, salvo que manifieste de inmediato su intención de solicitar protección o sea identificado como menor no acompañado.
Respecto a las renovaciones, la regla permite que quienes ya cuentan con tarjetas vigentes las mantengan hasta su fecha de vencimiento.
Sin embargo, quienes hayan desistido de sus casos o no asistan a entrevistas o citas biométricas perderán el derecho a extenderlas.
Además, la pausa para solicitudes iniciales se aplicará tanto a quienes siguen la vía afirmativa como la defensiva.
Jaime Barrón, abogado en Dallas, describió estos ajustes como de gran alcance, al considerar que complican la permanencia de quienes llegan en busca de resguardo.
No obstante, el DHS sostiene que la medida procura fortalecer la seguridad nacional y la integridad del programa de asilo, afirmando que los intereses individuales deben alinearse con la eficiencia operativa.
Ante este escenario, el efecto inmediato recae sobre quienes planean iniciar trámites a partir de la nueva fecha, ya que deberán adaptarse a tiempos más extensos, revisiones rigurosas y mayores requisitos administrativos, quedando sujetos a la respuesta oficial que establecen los reglamentos vigentes.