La trágica muerte de una niña identificada como Maria Ayla Pereira Silva, de apenas 1 año, sacó a la luz lo que familiares, expertos y organismos públicos han calificado de incompetencia criminal en la gestión de la salud pública en Goiânia, Goiás, Brasil, bajo el mando del alcalde Rogério Cruz (Solidariedade).
La niña, que padecía un raro síndrome y dependía de atención médica especializada en su domicilio, perdió la vida tras la suspensión del equipo multidisciplinario que la asistía, por falta de pago por parte del Ayuntamiento de Goiânia.
Según la familia, la empresa Transmédica Home Care interrumpió servicios esenciales, como fisioterapia, enfermería y logopedia, el 22 de octubre.
Cuatro días después, María Ayla sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció, dejando a sus padres desesperados. La madre, Andreia Pereira, denunció que su hija dependía del oxígeno para sobrevivir y que el apoyo interrumpido era vital.
A pesar de una decisión judicial que obligaba al municipio a garantizar la atención domiciliaria, el Ayuntamiento no logró mantener activo el contrato.
Según la Defensoría del Pueblo, esta fue la segunda vez que los servicios de la empresa fueron suspendidos por falta de pago por parte de la gestión municipal.
En una nota, la Secretaría Municipal de Salud (SMS) atribuyó la responsabilidad a la empresa, que no habría puesto a disposición profesionales de la salud. Sin embargo, la justificación se considera insuficiente dada la gravedad de la situación.
María Ayla nació con el síndrome de Moebius, una rara enfermedad que provoca parálisis facial, insuficiencia respiratoria y convulsiones.
Después de pasar el primer año de su vida en el hospital, finalmente fue dada de alta para recibir tratamiento domiciliario el 15 de octubre, unos días antes de cumplir su primer cumpleaños.
Sin embargo, la alegría de la familia se vio interrumpida por la negligencia de la gestión municipal, culminando con la muerte prematura del niño.
La falta de planificación, transparencia y prioridad de la administración pública en temas básicos de salud se identifica como uno de los factores determinantes para tragedias como esta.
Los expertos advierten que casos similares podrían repetirse si el Ayuntamiento de Goiânia sigue incumpliendo sus compromisos.
La Defensoría del Pueblo sigue exigiendo explicaciones al gobierno de Rogério Cruz, mientras la familia de Maria Ayla busca justicia.
La tragedia expone el desprecio de la administración municipal por la vida de sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables, y refuerza la urgencia de cambios estructurales en la salud pública de la capital.
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