Santo Domingo.— La señora Emérita Marte, madre de la pastora Elisa Muñoz, expresó su respaldo al abogado José Martínez Hoepelman en medio del proceso judicial por el caso ocurrido en Villa Altagracia. En sus palabras, describió al jurista como “una columna moral y legal” en su lucha por justicia, destacando su compromiso en este caso que ha generado amplio interés público.
Mediante un testimonio compartido en video, Marte mostró su descontento tras la decisión de la Segunda Sala de la Corte de Apelación de San Cristóbal, que redujo de 20 a 10 años la pena del coronel César Maríñez. Maríñez es señalado como uno de los principales implicados en el hecho que causó la pérdida de su hija, la pastora Elisa Muñoz, junto a otra persona.
Aunque el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia había emitido una sentencia considerada sin precedentes, que incluía una millonaria indemnización por daños y perjuicios contra la Policía Nacional, la decisión más reciente de la corte de apelación ha sido percibida por Marte como una forma de traición a la justicia.
“Confío en Dios, pero no puedo quedarme esperando la justicia divina. Confío en mi abogado para lograr justicia aquí en la tierra”, expresó visiblemente conmovida durante el testimonio. Además, lamentó profundamente que la madre de Joel Eusebio Díaz Ferrer, otra de las víctimas del mismo hecho, haya partido sin presenciar un desenlace judicial satisfactorio.
La sentencia que redujo la pena al coronel Maríñez fue emitida por una sala integrada por los jueces Luis Domingo Sención Araujo, Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos, Lourdes Yanaire Rodríguez Arias y Orquis Celado González. Estos magistrados han estado relacionados anteriormente con decisiones en procesos de alto perfil, lo que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman reafirmó su firme compromiso con este proceso legal. “Esta lucha no es solo de una madre. Es una causa nacional por dignidad, derechos humanos y transformación institucional”, expresó al referirse a los próximos pasos en el ámbito judicial.
Este caso ha tenido un fuerte impacto a nivel legal, al poner de relieve tanto el principio de responsabilidad civil del Estado como los desafíos persistentes del sistema penal dominicano en hechos en los que se ven involucrados miembros de instituciones del orden público.