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Un caso conmovedor y alarmante ha desatado una ola de indignación en la opinión pública.
Una joven madre, identificada como Julissa Martes Aybar, y su bebé perdieron la vida durante el parto en un hospital público.
El hecho, denunciado por sus familiares, ha sido señalado como un grave caso de presunta negligencia médica que expone profundas falencias en el sistema de salud del país.
El caso fue reportado inicialmente por el padre de Julissa, quien expresó su consternación por lo que describió como una serie de malas prácticas y negligencias por parte del personal médico.
Según su testimonio, la joven llegó al hospital el martes con la esperanza de someterse a una cesárea programada. Sin embargo, en lugar de proceder con el procedimiento en el momento indicado, los médicos pospusieron la intervención en repetidas ocasiones.
A pesar de las indicaciones médicas previas que recomendaban una cesárea, el equipo del hospital insistió en que el parto fuera natural.
La familia denuncia que esta decisión prolongó innecesariamente el sufrimiento de la joven madre y contribuyó directamente al desenlace fatal.
El ingreso al hospital ocurrió el martes, pero el procedimiento quirúrgico fue aplazado al miércoles, luego al jueves, y finalmente al viernes.
La joven fue ingresada al quirófano alrededor de las 8:30 de la mañana de ese día, pero la situación empeoró con rapidez y se extendió durante horas.
El trágico suceso tuvo lugar en un hospital público cuyo nombre aún no ha sido revelado oficialmente.
Sin embargo, los familiares de la víctima han señalado a la institución como un "matadero", acusándola de una atención deficiente y de irregularidades graves en el manejo del caso.
La familia de Julissa responsabiliza directamente al equipo médico del hospital por la muerte de la joven y su bebé.
Alegan que los profesionales ignoraron las indicaciones de realizar la cesárea y optaron por un enfoque que habría sido inapropiado para las condiciones de la paciente.
Además, los familiares afirman que los nombres de algunos médicos registrados en los documentos entregados son falsos, lo que ha despertado aún más sospechas sobre posibles intentos de encubrir los hechos.
Según los testimonios, la madre de la joven descubrió la tragedia al forzar la entrada a una sala cerrada, donde encontró el cadáver de su hija. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a un "cuarto frío", lo que incrementó la desconfianza de los familiares respecto al manejo del caso.
El caso de Julissa ha generado una intensa repercusión en la sociedad y ha llevado a sus familiares a realizar un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a las autoridades sanitarias para que tomen cartas en el asunto.
La familia exige una investigación exhaustiva y medidas contundentes para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.
El caso pone de manifiesto las serias deficiencias del sistema de salud pública, incluyendo la falta de protocolos claros, la insuficiencia de recursos y la posible negligencia en el trato a los pacientes.
Este no es un hecho aislado; casos similares han sido denunciados en el pasado, lo que subraya la necesidad de reformas urgentes para evitar tragedias futuras.
Los familiares de Julissa han declarado que no se detendrán hasta que se haga justicia por su pérdida.
"No vamos a descansar hasta que los culpables paguen por esto. Mi hija y mi nieto no merecían este final", expresó su padre visiblemente afectado.
El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por la mejora del sistema de salud, y diversas organizaciones de derechos humanos han mostrado interés en apoyar a la familia en su búsqueda de justicia.
Mientras tanto, la sociedad espera respuestas claras y acciones concretas que eviten que estas tragedias se repitan.
El desenlace de esta denuncia podría marcar un punto de inflexión en la atención médica pública del país y en la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones de salud.
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