Un joven conocido en la comunidad como “El Mayor”, quien era menor de edad, dejó de vivir este sábado durante una intervención llevada a cabo por miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el sector Las Casitas, ubicado en el distrito municipal San Luis, en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
Según declaraciones ofrecidas por líderes comunitarios del área, entre ellos el activista de derechos humanos Diógenes Ozuna, el adolescente se encontraba en el interior de una vivienda al momento del operativo. El lugar, según indicaron, habría sido utilizado por el joven para ocultarse. De acuerdo con estas versiones, no se produjo ningún intercambio de proyectiles durante la acción policial.
Diógenes Ozuna manifestó que la madre del joven ya había mostrado su disposición de colaborar con las autoridades. Su intención era facilitar que su hijo se entregara de forma voluntaria. “Ese menor estaba en poder de la Policía, desarmado, y aún así lo ejecutaron a sangre fría”, denunció Ozuna. Añadió que estuvo presente en el sitio poco después del suceso y sostuvo que se trató de una actuación que, en su opinión, no siguió el debido proceso.
Vecinos de la zona respaldaron estas afirmaciones y comentaron que el joven pedía que se le permitiera continuar con vida. Esta versión ha generado preocupación entre los residentes del sector, quienes piden una investigación imparcial sobre lo sucedido. La principal inquietud gira en torno a la forma en que se desarrolló el operativo y si se vulneraron derechos fundamentales, especialmente considerando que se trataba de una persona menor de edad.
A pesar de los señalamientos y el interés público que ha generado este caso, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Policía Nacional. Tampoco se ha informado si hubo otras personas retenidas o lesionadas durante el procedimiento realizado por los agentes del Dicrim.
La comunidad se mantiene a la espera de una explicación clara por parte de las autoridades, al tiempo que distintas voces insisten en la necesidad de esclarecer los hechos. Mientras tanto, organizaciones y residentes locales reiteran su llamado a que se respeten los protocolos institucionales y las garantías fundamentales, especialmente cuando se trata de personas jóvenes.