Daniela García Tamárez, residente en el sector Hato Nuevo, denunció haber sido víctima de agresiones físicas, maltrato psicológico y uso excesivo de fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional. Según relató, el hecho ocurrió mientras se encontraba en el bar de su madre, ubicado frente a la escuela Rosario Evangelina Solano, desde donde fue arrestada sin justificación aparente.
De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando decidió grabar un procedimiento policial con su celular. Esta acción habría provocado una reacción violenta por parte de los agentes presentes. Según afirma, su única acción fue registrar en video lo que sucedía, algo que, según sus palabras, fue suficiente para desatar una intervención física por parte de los uniformados.
La joven relató que fue acusada de participar en una riña con la que no tenía relación alguna. Incluso, según indicó, la misma persona que interpuso la denuncia aclaró que ella no estaba involucrada. A pesar de ello, García Tamárez afirmó que fue retenida, sometida a un trato degradante y que sufrió múltiples impactos con una pistola eléctrica tipo taser, los cuales habrían dejado marcas visibles en su cuerpo. Mencionó haber recibido hasta 25 descargas de este tipo.
“Me acusaron de participar en una riña en la que no tenía nada que ver. Hasta la misma denunciante aclaró que yo no estaba involucrada”, expresó con preocupación. En sus declaraciones, manifestó temor por su integridad y la de su familia, y pidió que las instituciones correspondientes actúen para evitar que su caso quede sin consecuencias.
García Tamárez solicitó de forma pública la intervención del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Según declaró, lo vivido refleja un patrón de comportamiento dentro de ciertos sectores policiales que actúan al margen del respeto a los derechos fundamentales.
Este tipo de denuncias, según ha reiterado la joven, deben recibir atención inmediata por parte de las autoridades competentes. En sus palabras, el caso no debe quedar sin seguimiento, ya que representa una preocupación mayor sobre los límites en el uso de la fuerza y el trato a ciudadanos por parte de quienes deben garantizar el orden y la protección.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de la Policía Nacional ni se ha informado si se ha abierto una investigación sobre lo sucedido. La comunidad se mantiene atenta a cualquier pronunciamiento de las instituciones involucradas.