La defensa de Jean Cristofer Pérez alerta sobre amenazas tras denunciar a Grupo Paceo por fraude. Víctimas y abogados exigen justicia y protección.
La seguridad del abogado Jean Cristofer Pérez es una gran preocupación después de que su defensa denunciara amenazas graves por parte de los dueños de la empresa Grupo Paceo.
Según el equipo legal de Pérez, las intimidaciones han aumentado debido a las denuncias que él ha presentado. Representa a más de veinte personas que dicen haber sido engañadas por la empresa.
Los abogados explican que las amenazas no solo afectan a Pérez, sino también a las víctimas. Aseguran que los responsables han usado demandas legales para presionarlas.
Bomar Alexis Quezada, uno de los abogados defensores, expresó su preocupación por el peligro que enfrenta Pérez. En una rueda de prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, criticó la falta de acción del Ministerio Público y preguntó: «¿Debemos esperar que Jean Cristofer aparezca víctima de un destino similar al del abogado Junior Ramírez, para que el Ministerio Público actúe?».
El abogado pidió a las autoridades que protejan a los afectados y castiguen a quienes usan su poder para evadir la justicia.
Acompañado por víctimas del fraude, Pérez expresó su molestia por la falta de medidas legales, a pesar de los allanamientos a Grupo Paceo y a la constructora Novo Vasco el 31 de enero.
Sin embargo, según Pérez, solo la empresa Novo Vasco ha enfrentado procesos legales, mientras que Grupo Paceo sigue sin ser sancionada.
Pérez también denunció que los directivos de Grupo Paceo han tomado represalias legales contra las víctimas y sus abogados.
Un caso llamativo es la demanda presentada contra el juez Rigoberto Sena, quien autorizó el allanamiento de la constructora.
Pérez cuestionó si estos directivos están recibiendo algún tipo de protección y criticó al Ministerio Público por no avanzar en los procesos legales.
El abogado Bomar Quezada culpó a las autoridades judiciales por no responder con firmeza a las denuncias y a la evidencia de fraude.
Las víctimas siguen exigiendo justicia y protección. Mientras tanto, el miedo crece entre los afectados y sus abogados, quienes advierten que la inacción de las autoridades está permitiendo la impunidad y poniendo en peligro sus vidas.
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