Diario al Día, Duarte- Autoridades investigan la presunta venta de un recién nacido de apenas cinco días de nacido en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte.
El coronel Jorge Soto, comandante de la Policía Nacional en Villa Riva, confirmó que el bebé ya se encuentra bajo custodia policial y reunido con su madre.
El oficial fue cauteloso al dar detalles y señaló que no podía ofrecer más información hasta que la investigación estuviera completamente concluida por las autoridades competentes.
Según informaciones preliminares, el Ministerio Público y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes han ejecutado varias detenciones de personas vinculadas al caso para fines de interrogatorio.
Entre los detenidos figura una abogada, quien presuntamente habría intentado adquirir al recién nacido de manera ilícita, lo que agrava considerablemente el cuadro legal del caso.
Un elemento que añade mayor complejidad al asunto es que la madre del bebé también sería una menor de edad, lo que incrementa la vulnerabilidad en este caso.
Familiares de la joven madre aseguran que el padre del niño habría recibido dinero a cambio de la criatura y que con ese dinero habría comprado cuatro caballos.
Según esos mismos testimonios, el padre del bebé se encontraría huyendo de las autoridades, consciente de su presunta responsabilidad directa en la negociación ilegal del menor.
La Fiscalía adscrita al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes asumió el caso de manera conjunta con dicho tribunal para garantizar los protocolos de protección a la niñez.
Las identidades de todos los involucrados se mantienen bajo reserva legal debido a la sensibilidad del caso y la presencia de menores de edad entre las partes afectadas.
Las autoridades investigan si existe una red organizada de tráfico de menores en la provincia Duarte o si se trata de un hecho aislado provocado por otras circunstancias.
Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con las medidas de coerción que serán solicitadas contra todos los implicados en el caso.
Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil exigen que se aplique todo el peso de la ley ante lo que califican como un acto inhumano contra un ser indefenso.
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