Diario al Día, Estados Unidos- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) informó sobre la deportación de Rudy Orlando Roa Fuentes, ciudadano dominicano con una orden definitiva desde el año 2000.
A través de su cuenta oficial en X, la agencia federal lo describió como inmigrante en condición irregular con antecedentes penales, señalando que su historial incluye cargos por homicidio en segundo grado, dos acusaciones por robo y procesos pendientes por posesión de bienes obtenidos de manera ilícita.
En la misma publicación, la institución aseguró que garantizará una “deportación rápida y permanente”, dejando claro que la disposición emitida hace más de dos décadas sigue vigente y permite a las autoridades migratorias ejecutar su traslado hacia la República Dominicana.
El anuncio se produce en medio de operativos reforzados en materia migratoria. A principios de enero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que más de 650,000 personas en estatus migratorio irregular han sido arrestadas, detenidas y enviadas a sus países de origen durante la actual Administración encabezada por Donald Trump.
La funcionaria atribuyó esas cifras a las políticas implementadas por el Gobierno federal, señalando que las acciones se desarrollan bajo los marcos legales establecidos y forman parte de una estrategia de control fronterizo y cumplimiento de órdenes de remoción pendientes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos fue creado en 2003 como agencia encargada de identificar, detener y trasladar a personas en condición migratoria irregular, así como investigar delitos federales como la trata de personas y el contrabando transnacional.
Según se informó, la orden definitiva contra Roa Fuentes permanece activa y el proceso de traslado hacia la República Dominicana se ejecutará conforme a las atribuciones legales de la entidad, en cumplimiento de la disposición emitida en su contra desde el año 2000.
La deportación refleja la continuidad de la aplicación de las leyes migratorias vigentes y el compromiso de ICE de asegurar que las órdenes de salida pendientes sean cumplidas de manera efectiva y conforme a la normativa federal.