En seguimiento con una noticia difundida recientemente, familiares de un joven que dejó de vivir durante un operativo de agentes de la Policía Nacional en el distrito municipal de San Luis, Santo Domingo Este, denunciaron que el hecho no fue el resultado de un intercambio de proyectiles como señalan algunas fuentes oficiales. Según su testimonio, se trató de una ejecución fuera de los procedimientos legales correspondientes.
El joven fue identificado como Joel Antonio Brito, conocido por los vecinos como “El Mayor”. De acuerdo con lo expresado por personas presentes en el lugar y representantes de derechos humanos, miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) le propinaron varios proyectiles durante una intervención que, según esas mismas voces, vulneró las normas del debido proceso y representó un uso desproporcionado de fuerza.
La madre del joven, visiblemente afectada, explicó que su hijo se encontraba recostado dentro de una estructura improvisada cuando los agentes entraron de forma abrupta. Según su relato, los uniformados rompieron la puerta del lugar, preguntaron por un objeto de fuego y, sin emitir más palabras, le soltaron ocho proyectiles.
Aseguró que había mantenido comunicación con las autoridades y que colaboró con ellas para ubicar a su hijo, confiando en una promesa hecha por parte de un primer teniente y un segundo teniente del destacamento policial de San Luis. Ambos, según indicó, le garantizaron que el joven sería arrestado sin poner en riesgo su integridad física. La mujer los acompañó hasta el sitio conocido como La Casita, donde se encontraba Joel. No obstante, poco después, ocurrió la pérdida del joven a manos de los uniformados.
El Comité Dominicano de los Derechos Humanos, filial San Luis, expresó su desacuerdo con la versión oficial, negando que se tratara de un cruce de proyectiles. El vocero de la entidad, Diógenes Ozuna, afirmó que el hecho fue una ejecución. Según sus palabras, “Esto no fue un intercambio de proyectiles, fue una ejecución. Joel fue eliminado estando desarmado. Lo que ocurrió fue una violación flagrante de los derechos humanos”.
La organización también señaló que dentro del mismo cuerpo del DICRIM podrían existir grupos que, a través de este tipo de acciones, estarían intentando crear presión sobre el director actual de la institución, el general Pedro Ignacio Matos Pérez.
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Fuente: Telenoticias y Los Pomos Activos