La reunión entre los gobiernos de Haití y República Dominicana terminó ayer sin resolución, poniendo fin efectivamente a la disputa surgida por la construcción de un canal para desviar el río Masacre. Esto obligó a un cierre completo de fronteras a partir de las 6:00 de hoy.
Miles de ciudadanos de ambos países están atrapados en este impasse y el tiempo se acaba rápidamente debido a la suspensión de todas las relaciones comerciales y operaciones por aire, mar y tierra. También es difícil predecir cuándo se encontrará una solución.
A pesar de sus exigencias de que Haití tome medidas para apagar el conflicto, la administración del Primer Ministro Ariel Henry está teniendo dificultades para convencer a los grupos haitianos responsables de la masacre de que cambien sus ideas.
Debido a que gran parte de su territorio está bajo el control de bandas criminales, esencialmente no hay gobierno en esa nación.
Mientras tanto, en Juana Méndez, los desafiantes agricultores haitianos que participan en las obras de riego mantienen su firme compromiso con su plan y advierten que no cederán ante la presión o las restricciones del gobierno dominicano.
"El canal o la muerte", Desafiaron la exigencia dominicana de abandonar el plan para el flujo de agua en la región fronteriza: "Estamos preparados para ser enterrados en el canal", dijeron.
Este viernes a las seis de la mañana se cerrará toda la frontera con República Dominicana, anunció el presidente.
Esta medida fue anticipada porque era una de las medidas avaladas por el ultimátum de 48 horas dado a Haití. Abinader lo anunció desde el Campamento Militar 16 de Agosto, donde entregó 20 vehículos blindados a las fuerzas militares.
Esto se hizo para que pudiera elegir entre intervenir en el conflicto o afrontar, entre otras formas de disuasión, un cierre completo de fronteras.
Se cree que el gobierno haitiano no presentó un plan sólido para desactivar la crisis durante la primera reunión entre los dos gobiernos, que tuvo lugar el miércoles en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano y que no habría dejado a las autoridades locales más opción que cerrar .
El presidente Abinader afirmó que el Ministerio de Defensa “ya está preparado” con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para cumplir con esta disposición, pese a que existe otra promesa de una futura para la cual no hay fecha. ".
En cualquier caso, el presidente dijo lo siguiente:
“continuamos con las conversaciones con el Gobierno haitiano, pero, como ustedes saben, el mismo Gobierno haitiano tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá serán incontrolables para el Gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el Gobierno”.
Sin embargo, el Jefe de Estado ordenó a la Dirección General de Inmigración que "niegue la entrada a nueve provocadores" que estaban relacionados con el desvío del lecho del canal.
En declaraciones a la emisora Magik 9, el coordinador del Maribaroux Jean Brévil Weston, del Movimiento de los Agricultores de la Llanura, prometió que nadie le pediría que pospusiera el proyecto. Ayer, el periódico haitiano "Le Nouvelliste" publicó esa declaración.
"Nuestra posición es clara: el canal o la muerte", dijo Weston, siempre siguiendo la línea oficial de los medios.
Además, Weston negó que haya intereses políticos detrás de la construcción del canal e insistió en que los agricultores del municipio Ferrier fueron quienes tomaron la iniciativa, a pesar de que, según dice, "es toda Juanaminthe (Juana Méndez) la que abraza el proyecto".
"A excepción de los ciudadanos haitianos que viven en Haití y en el extranjero, ni el Estado ni ningún grupo político nos apoya".
José Marte Piantini, presidente del organismo encargado de la política superior de la aviación civil, informó ayer que la Junta de Aviación Civil (JAC) emitió una resolución suspendiendo las operaciones aéreas de carga y pasajeros desde y hacia Haití.
La medida fue aprobada durante una sesión especial, teniendo como único objetivo la suspensión de las operaciones aéreas debido al cierre de fronteras.
Este acuerdo establece que cada Estado conserva el derecho, en circunstancias excepcionales, durante una emergencia, o en interés de la seguridad pública, de restringir o prohibir temporalmente los vuelos en todo su territorio con efecto inmediato.
