Diario al Día, República Dominicana- El caso de Yokairy Sosa y Enmanuel Antonio Almarante ha generado cuestionamientos sobre la condena de una joven privada de libertad, luego de recientes declaraciones que podrían indicar que la sanción no le corresponde.
Almarante, autor confeso del hecho y condenado a 15 años de prisión, declaró en conversación telefónica que asumió su culpa, pero que no conocía a la joven vinculada al expediente y que la persona implicada era otra mujer.
La hermana de la joven de 20 años, estudiante y trabajadora, explicó que su pariente fue relacionada con el caso tras aparecer su imagen en un perfil de Tinder, aparentemente utilizado para contactar a la persona afectada, desconociendo cómo llegó allí.
Almarante detalló que le mostraron la fotografía de la joven, pero no la reconoció y afirmó que nunca tuvo contacto con ella, enterándose de su vinculación solo cuando se le informó sobre el caso judicial en curso.
En el diálogo también se menciona a Jessica Pérez, otra mujer privada de libertad por el mismo expediente, señalada como compañera del condenado, quien estaría vinculada al perfil utilizado para contactar a la víctima, y no la joven que cumple condena.
El caso adquirió relevancia luego de que Yokairy Sosa enviara una carta a la Procuradora General solicitando la revisión de su situación, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial o pública sobre su solicitud.
La familia de la joven insiste en que la investigación contiene inconsistencias que deben ser evaluadas cuidadosamente, reclamando que las autoridades judiciales revisen todos los detalles del expediente antes de mantener la condena vigente.
Almarante expresó su intención de hablar con su abogado antes de ofrecer declaraciones formales ante las autoridades y mencionó que próximamente tendría una audiencia, sin especificar detalles sobre el procedimiento judicial previsto.
Actualmente, el expediente mantiene a varias personas privadas de libertad mientras se espera cualquier actuación procesal que pudiera modificar el estado actual del caso, según determinen las instancias judiciales competentes.
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