Diario al Día, República Dominicana- Ariel Castillo expuso este martes que atraviesa una disputa legal con su expareja Jennifer Tais Ortiz, quien reclama la mitad de su patrimonio tras un a relación de cerca de dos años.
Según Castillo, entre ambos no existió convivencia formal ni unión reconocida por la ley, sino un vínculo personal que se extendió por aproximadamente dos años y que él describe como una relación extramatrimonial.
Jennifer Tais Ortiz, identificada también como ex colaboradora del denunciante, inició una reclamación civil argumentando que le corresponde la mitad de los bienes acumulados durante el tiempo que duró la relación.
El abogado José Paula, representante legal de Castillo, explicó que esa reclamación civil derivó en una cadena de procesos legales que, según el profesional, se han sustentado en declaraciones imprecisas de la contraparte.
En una etapa del caso, Ariel Castillo estuvo sujeto a una medida de privación preventiva de libertad, decisión que posteriormente fue modificada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación.
La modificación se produjo luego de que la instancia judicial verificara irregularidades en los plazos procesales, según explicó la defensa. Desde entonces, Castillo ha cumplido con todas las disposiciones establecidas.
En una audiencia previa, también se dejó sin efecto una orden de arresto, luego de que la instancia judicial determinara que la imputación en ese momento carecía de base suficiente para sostenerse.
Sin embargo, posteriormente surgieron nuevas querellas, cada una acompañada de disposiciones adicionales que han afectado la estabilidad emocional y la rutina diaria del implicado, según expuso su representante legal.
En la parte civil del litigio, la Sexta Sala para Asuntos de Familia falló en una primera etapa a favor de Castillo, rechazando la solicitud de distribución patrimonial presentada por Jennifer Tais Ortiz.
No obstante, la contraparte presentó un recurso de apelación que mantiene abierta la discusión sobre el patrimonio, obligando a Castillo a sostener una estrategia procesal en dos frentes simultáneamente.
El abogado Paula señaló que este recurso prolonga innecesariamente el conflicto legal mientras se esperan las próximas decisiones de la jurisdicción correspondiente en ambas instancias del proceso.
En ese contexto, la defensa solicitó que la Procuraduría General de la República y el fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Eduardo López, observen el desarrollo del expediente y garanticen el debido proceso.
El representante legal cerró su intervención pública con una declaración directa: “Ariel Castillo es ciudadano, y también tiene derecho”, exigiendo que las autoridades revisen cada actuación relacionada con el caso.
El caso permanece activo en múltiples instancias judiciales, mientras Castillo continúa bajo seguimiento de las autoridades y aguarda las próximas resoluciones que definirán el rumbo del proceso legal.
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