Diario al Día, Estados Unidos- Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 12 años de prisión al dominicano Andrew DeJesús tras declararse culpable de posesión de material ilícito vinculado a explotación infantil.
La sentencia contra Andrew DeJesús, de 66 años y también ciudadano estadounidense, representa un nuevo episodio en un historial judicial que se remonta a más de una década.
El hombre admitió ante la justicia federal el cargo de posesión de material ilícito relacionado con explotación infantil, tras su detención en el estado de Massachusetts.
El caso cobró notoriedad en agosto de 2025, cuando las autoridades dominicanas le negaron la entrada al país debido a su condición de infractor sexual registrado desde 2010.
Luego de esa decisión, fue detenido a su llegada al Aeropuerto Internacional Logan, donde agentes realizaron una inspección detallada de su equipaje.
Esa revisión dio inicio a un proceso judicial que concluyó con la acusación formal y su posterior admisión de culpabilidad ante un tribunal federal.
Los antecedentes indican que en 2010 fue condenado en Massachusetts por un delito de índole sexual en perjuicio de un menor de 14 años.
También enfrentó cargos relacionados con posesión y distribución de material ilícito asociado a la explotación infantil, quedando registrado en las bases de datos oficiales.
Desde entonces figuraba en el registro correspondiente, condición que influyó en las medidas adoptadas durante su intento de ingreso a la República Dominicana.
De acuerdo con una publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en la red social X, la investigación estuvo a cargo de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Durante la inspección en Boston, los oficiales encontraron grandes cantidades de dulces y ropa infantil dentro del equipaje.
Además, hallaron 600 archivos de contenido ilícito vinculado a la explotación infantil almacenados en su teléfono celular, evidencia que sustentó la acusación federal.
De manera oficial, la entidad migratoria confirmó que la sentencia establece el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario federal bajo custodia del sistema correccional estadounidense.